¿Qué es la política criminal?

A grandes rasgos, es el conjunto de medidas que un Estado adopta con el objetivo de hacer frente a la criminalidad. Podríamos decir que sus principales notas características son:

1) Abarca muchos aspectos de nuestra vida (jurídicos, sociales, económicos, laborales…) porque no se trata -por ejemplo- de limitarse a encerrar a los narcotraficantes en una cárcel, sino de solucionar el problema de las drogas, ayudar a los afectados y a sus familias, crear centros de asistencia, contratar personal, habilitar partidas presupuestarias, etc.

2) La establecen los poderes públicos; es decir, es una iniciativa pública, no privada.

3) Desde que surgió a principios del XIX, su fin es que disminuyan las cifras de criminalidad hasta niveles razonables. No se plantea su desaparición porque como dijo Claus Roxin (…) en todo estado democrático, aun cuando goce de inmejorables condiciones sociales y económicas, la presencia del crimen es inevitable. Ocurre lo mismo con la salud, por mucho que invirtamos en investigación y medicina, siempre habrá enfermedades.

4) En ningún lugar se ha eliminado la criminalidad ni tampoco se ha alcanzado un acuerdo sobre cuál es la manera más efectiva para eliminarla. Como sucede con todas las medidas de cualquier Gobierno, la política criminal también depende de la forma de Gobierno y de la tendncia del partido que gobierna.

En general, podemos hablar de dos grandes tratamientos:

1) En los países totalitarios (fundamentalistas religiosos, estalinistas, maoístas, dictaduras, etc.) teóricamente, no existe la delincuencia. En estas sociedades, el delito se contempla como un ataque directo contra el poder establecido y debe ser erradicado. No se tienen en cuenta los derechos o libertades fundamentales del individuo; como no se les puede reintegrar en la sociedad, suelen acabar con la pena de muerte; y

2) En los países democráticos el planteamiento es el extremo contrario. La sociedad asume que el hecho criminal va a estar presente en todo caso y ese es el precio que se paga por mantener unos derechos y libertades fundamentales: siempre habrá alguien que se aproveche de ello. En este caso, nos movemos entre dos extremos: a) Esforzarse por reintegrar en la sociedad al autor de un delito; o b) Actuar con firmeza contra el crimen para lograr persuadir a “futuros” delincuentes. Esta opción es la más populista y suele dar buenos resultados en las urnas. Como suele decirse, en épocas de crisis, endureciendo las penas ganas votos.

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